El 27 de enero, la Corte Suprema de los Estados Unidos, autorizó la implementación del cambio en la regla de “carga pública” de la administración Trump; se proyecta que esta modificación en la política federal de inmigración afectará a cerca de 24 millones de estadounidenses y millones más que buscan venir a los Estados Unidos.
La nueva regla, básicamente, crea una prueba de riqueza para los inmigrantes; se basa en factores como su edad, salud, educación, ingresos y recursos. Los funcionarios de inmigración de EE. UU. Pueden usar los resultados de esta prueba para rechazar a los solicitantes que buscan la admisión en los Estados Unidos o aquellos que solicitan la residencia permanente legal (tarjeta verde) porque es probable que la persona se convierta en una “carga pública” que necesite beneficios del gobierno. Bajo esta nueva política, los inmigrantes serían acusados si se encuentran en los Estados Unidos legalmente y usan beneficios públicos, como Medicaid, cupones de alimentos o asistencia para la vivienda, con demasiada frecuencia o se considera que algún día dependerán de ellos.
Los economistas predicen, y los defensores afirman haber observado ya, que el cambio de reglas tendrá un “efecto paralizador” en las familias inmigrantes, incluidas aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses, disuadiéndolas de acceder a programas de vivienda, alimentos y nutrición, así como a la atención médica. , incluido el Programa de seguro médico para niños (CHIP), al que tienen derecho legalmente. Este “efecto escalofriante” ocurre porque, incluso si la nueva regla no se aplica a ellos, las familias inmigrantes pueden preocuparse de que el acceso a estos beneficios de alguna manera ponga en peligro su estatus legal.
En un informe de noviembre de 2019, el Instituto de Política Fiscal, una organización de investigación independiente y no partidista, predijo que el cambio de la regla de carga pública reduciría la economía de la nación en $ 24 mil millones anuales, con una pérdida relacionada de 164,000 empleos perdidos en todo el país y pérdida de ingresos fiscales en cada estado. Cuando Estados Unidos cierra sus puertas a quienes buscan oportunidades económicas y el Sueño Americano, así como a quienes desean reunirse con su familia que ya están aquí, cerramos las puertas a las generaciones futuras de nuestra economía.
Esta pelea no ha terminado. Los servidores públicos, defensores y personas comunes de todo el país continuarán levantándose, expresándose y luchando para proteger a las familias inmigrantes y el futuro de nuestro país.
